Cuidado Ciudad

Por Juan Grabois*. Publicado en  Miradas al Sur

Existe una íntima relación entre las 3T, de la que siempre hablaron las organizaciones populares y que estallaron como concepto compartido a partir de que el papa Francisco empezó a expresar de esa misma manera la problemática de la tierra, el techo y el trabajo. La crisis de vivienda y la precarización del hábitat popular son incomprensibles sin considerar la baja calidad del empleo, el deterioro del ambiente, los flujos migratorios y la dinámica demográfica. El patrón de distribución de la población en el territorio es indisociable del extractivismo y el agro negocio que expulsa a la familia rural, despoblando la Argentina profunda. Esto a su vez impacta en el mercado laboral, que sufre un “exceso de oferta” y crea las condiciones para el desarrollo de la Economía Popular urbana.
En ese contexto, el pueblo pobre en su práctica espontánea se muestra como protagonista en la producción de suelo urbano: la creación de asentamientos y construcciones informales explica en gran medida cómo accede a un techo una creciente proporción de los humildes en la Argentina. Como en tantas otras actividades de la Economía Popular, en el rubro inmobiliario, la resistencia colectiva se presenta muchas veces de manera desorganizada y, cuando no hay organización comunitaria, se consagra la ley del más fuerte. Las ocupaciones de terrenos, empujadas por una necesidad vital que ni el mercado ni el Estado resuelven, dan paso en ocasiones a una abyecta utilización de la pobreza y, en general, se concreta en “barrios” en los que cuesta vivir con dignidad. Con todo, es esa y no otra la fórmula que ha encontrado nuestra sociedad para albergar a más de 500.000 familias que habitan los 2000 asentamientos informales que hay en el país.

La tarea por delante, para que cada familia humilde de nuestra Patria tenga un techo digno donde vivir tiene múltiples dimensiones. Es prioritario dignificar los asentamientos existentes a través de su integración urbana. Esto implica dotarlos de infraestructura social, brindar los servicios esenciales, mejorar las viviendas autoconstruidas y conectarlas adecuadamente a los servicios, para garantizar niveles de confort y salubridad, respetando la cultura local y dándoles protagonismo a los vecinos en el planeamiento urbano. La regularización dominial para consolidar los derechos posesorios requiere voluntad política y creatividad. Además de la tradicional escrituración individual, existen alternativas que deben ser exploradas: formas de propiedad plurinidividual, colectiva o comunitaria, mediante consorcios, cooperativas e incluso fideicomisos, todos instrumentos válidos para formalizar situaciones de hecho y sacar a los compañeros de una ilegalidad que se les impuso.

Producir suelo
La tarea urgente es la producción de suelo urbano, para la edificación de nuevas viviendas destinadas a los sectores populares. Desde hace algún tiempo, las organizaciones de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) levantan la consigna “un millón de lotes para que no haya ninguna familia sin techo”. La adquisición de grandes extensiones en las zonas periurbanas, su rezonificación, dotación de servicios y distribución de parcelas, financiadas a bajo costo, es totalmente viable y no requiere inversiones faraónicas sino voluntad política.

El lote con servicios puede complementarse con la provisión de “viviendas semilla”, pequeña construcción industrializada que permita la ocupación inmediata por una familia, que luego la mejorará progresivamente. Una debilidad de esta propuesta es la falta de arraigo cultural de los métodos de construcción en seco que abaratan costos y reducen tiempos. El efecto demostración puede eliminar prejuicios y poner en evidencia las ventajas económicas, arquitectónicas y térmicas de estos sistemas. En cualquier caso, no hay dudas de que, a cambio de un lote con servicios y un techo propio para vivir la transición, las familias humildes reinvertirán gustosas lo que ahorrarían en alquileres, en el pago de cuotas y ampliación de la vivienda.

En la actualidad, existe una amplia gama de valiosas experiencias donde los movimientos populares intervienen en la lucha por el techo digno. Lamentablemente, se trata de acciones dispersas, sin planificación ni coordinación adecuada a nivel nacional. En algunos casos, estos proyectos son acompañados por el Estado, como los impresionantes barrios desarrollados por la Tupac Amaru en Jujuy, mientras que en otros –sobre todo cuando se produce la recuperación popular de tierras ociosas– son abandonados o perseguidos, como en el caso del Barrio Obrero de Cipolletti, un asentamiento perfectamente organizado donde las calles son amplias, hay espacios comunitarios y las madres lograron expulsar a los transas y erradicar la violencia de género mediante la autodefensa.

En otros casos, se avanza en determinado aspecto pero no se contempla la problemática en su integralidad, desde el acceso a los medios de transporte hasta la adecuación de las construcciones a la actividad laboral de los habitantes del lugar. Un ejemplo evidente es el de Castañares, donde las viviendas son hermosas pero el complejo no se adapta a las necesidades de los cartoneros que viven ahí tras ser relocalizados del Riachuelo.

En el mismo sentido, durante los últimos años, en muchos municipios del país el Estado apostó a las cooperativas como contratistas para la construcción de viviendas sociales, por ejemplo a través de un muy buen programa como el Socio Comunitario. Experiencias como esa requieren un balance sereno porque, pese a ser un importantísimo precedente, muchas veces fueron utilizadas para abaratar los costos y no garantizaron la plenitud de derechos para los trabajadores cooperativistas. En ocasiones, los obreros laburaban por un sueldo inferior al de convenio de la actividad y soportaron demoras en las certificaciones y el circuito de pago, que perjudicaban no sólo el avance de la obra sino su calidad de vida. En otros casos las cooperativas construían viviendas para terceros, mientras los compañeros que las edificaban carecían de un techo propio. Así, a la frustración del bajo e inestable ingreso se sumaba el ver que gran parte del mismo se iba en el pago de un alquiler, mientras sus manos construían una casa para otra familia, a veces menos necesitada que la suya pero más beneficiada por el Estado.

En esta oportunidad, vamos a mostrar sólo algunos proyectos en los que la organización colectiva asume  todos los pasos del proceso hacia la vivienda: desde la obtención de la tierra hasta la adjudicación de las casa. La selección de los ejemplos es arbitraria e insuficiente, no pretende mostrarse como modelo, pero esperamos, sea enriquecedora para los interlocutores.

Estamos convencidos que; estudiando cuidadosamente todo lo realizado en estos años por la vivienda social, las familias humildes, organizadas o no, los movimientos populares, la academia, el Estado y las iglesias, podemos encontrar puntos de síntesis de un programa integral para que todas las familias que habitan suelo argentino tengan un techo para soñar con un proyecto de vida digno. Es que la Economía Popular no es un rejunte de experiencias aisladas: inspira una orientación que sobre la praxis concreta de los sectores populares asume la epopeya de construir una sociedad sin esclavos ni excluidos, con tierra, techo y trabajo para todos.

Inauguración en la excluyente CABA

La Cooperativa de Vivienda” Los Pibes” (Covilpi) surgió de la Organización Social y Política Los Pibes, un colectivo que desde sus inicios se dedicó a construir poder popular en La Boca. Lo hizo en un barrio fuertemente identificado con desalojos, tomas y conventillos. Un barrio que gracias a la política expulsiva del gobierno porteño se transformó en un escenario de especulación inmobiliaria feroz. Desde allí, se conformó esta cooperativa integrada por familias sin techo.

Desde su nacimiento, la experiencia recuperó los principios de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), que construyó en su país alrededor de 100.000 viviendas bajo tres criterios centrales: propiedad colectiva, autogestión y ayuda mutua. Hoy, luego de haber adquirido un viejo galpón en desuso, Covilpi logró levantar 33 viviendas a un costo unitario de $390.000, un valor que está por debajo de cualquier cálculo estimado por la Cámara de Construcción. Viviendas de 70 m2, de tres ambientes, construidas por cooperativas de trabajo y por las horas de ayuda mutua de cada una de las familias que hoy habita el lugar.

En ese recorrido de diez años, los integrantes de Covilpi no ahorraron críticas para el accionar del Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires. “El IVC fue un ejemplo de lo que es tirar por la borda diez años de construcción de una ley gestionada por las organizaciones”, afirma Luciano Alvarez, miembro de la organización, en referencia a la Ley 341. “Sobre 400 cooperativas de vivienda, sólo 120 pudieron entrar y sólo 12 construyeron. Cooperativa que se termina, proceso que se cierra. Casi no se abren nuevas carpetas”. En este marco, Covilpi plantea la necesidad de que exista una ley nacional que promueva la construcción por autogestión y ayuda mutua.

Originarios y pobres unidos por el derecho a la vivienda
En San Martín de los Andes, como en tantas otras ciudades de la Patagonia, la presión del sector turístico y la insuficiencia de las políticas públicas de planificación urbana obstaculizan el acceso a una vivienda digna. En ese contexto, los movimientos populares han tenido un protagonismo decisivo en la lucha por este derecho. Es el caso de la Vecinos Sin Techo (VST), una organización que desde 2004 lucha en una región dominada por lógicas especulativas que se expresan, entre otras formas, a través de cientos de inmobiliarias allí asentadas, de la apropiación de costas públicas o del acaparamiento de inmuebles por la “industria de la cabaña”.

Además de impulsar una amplia gama de políticas habitacionales a nivel local, VST se atrevió a soñar con una “comunidad de cambio”, orientada al “bien vivir”. De eso se trata el Barrio Intercultural, Liwehuntuninchinmapu, un proyecto de urbanización novedoso, que se asienta en territorio mapuche. El barrio está ubicado dentro de las 400 hectáreas que esta alianza popular-intercultural recuperó del abandono en 2011, mediante la sanción de la Ley N° 26.725. Esta norma restituye territorio a la comunidad curruhinca, reservando 77 para esta iniciativa sin precedentes que, además, implica la propiedad comunitaria de la tierra.

El Intercultural está hoy finalizando 56 viviendas construidas a través de las Cooperativas de Trabajo CullRañi y NewenMapu, integradas por criollos y peñis. La propuesta incluye un grupo de casas de construcción tradicional y otro “natural”, es decir, con cerramientos de tierra cruda y “techo vivo”, donde la cobertura externa se realiza con material orgánico y pasto creciendo. Su diseño participativo se enmarcó en los principios de ecología integral y la reafirmación de la identidad originaria.

La Mesa Política del Lote 27 es el espacio institucional que articula a representantes de la organización, la comunidad mapuche y del Estado. Asimismo, los VST gestionaron fondos para la construcción del SUM-Taller donde funciona una carpintería que cumple la irremplazable función de ser sede de asambleas, mates y almuerzos compartidos. La organización ha logrado también la cooperación con instituciones para encaminar proyectos para el desarrollo de energías alternativas, producción agroalimentaria y gestión de un consorcio de microcréditos.

Las organizaciones populares, en San Martín de los Andes, constituyen el punto de partida para la construcción de un modelo de sociedad diferente. Y en ese camino, los Vecinos Sin Techo militan un proyecto político-habitacional que vale la pena estudiar: los pueblos originarios y el pueblo pobre unidos por la vivienda, el hábitat, el territorio, el trabajo, la convivencia y la identidad.

Los VST no se duermen en los laureles ni se miran el ombligo. Saben que son muchas las familias sin techo en la región. Recientemente, asumieron la coordinación de la Secretaría de Vivienda de la Seccional Cordillerana de la CTEP, acompañando experiencias tan diversas como las tomas en Toscas Blancas y Nehuen Mapu, de Junín y San Martín de los Andes, hoy organizadas en cooperativas, proyectos comunitarios como la Pionera Patagónica de Bariloche y el reclamo de 430 adjudicatarios de vivienda social en Villa La Angostura, estafados por la gestión municipal. En ese contexto, también impulsa un clúster social, un grupo coordinado de emprendimientos populares de producción de viviendas industrializadas: una verdadera fábrica popular de casas.

* Referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Colaboraron en la nota; Elvira Corona, Leandro Viggiani e  Iván Wrobel.
Adaptación Arq. Norberto Lemmi.